El Ecuador enfrenta en la actualidad una etapa llena de acontecimientos trágicos para su sociedad y una crisis carcelaria sin precedentes. Los sucesos ocurridos el pasado 23 de febrero, de conocimiento público, sacan a relucir una realidad presente desde hace ya mucho tiempo atrás, sin embargo, nos han hecho creer que no existía y se encontraba bajo control, pero bajo el control de los menos indicados. Una vez más, el Estado dejó en evidencia su ausencia en el momento que más se lo requirió y omitió el mandato constitucional de proteger a sus ciudadanos con el debido control que deben ejercer dentro de los centros de privación. Y como no es de asombrarse, tuvo que darse un hecho de absoluta conmoción social, para que los ciudadanos abramos los ojos a la realidad que hemos querido ignorar. Las causas percibidas serán nombradas a lo largo de la redacción.
ANTECEDENTES
En 2014 la entonces Ministra de Justicia de Rafael Correa, Ledy Zuniga Rocha, aseguraba que con los grandes centros penitenciarios que el gobierno estaba construyendo en el país, ya no habría más hacinamiento en las cárceles. La idea era, entonces, que con los 385 millones de dólares gastados entre el 2011 y el 2016 en instalar y construir nuevas cárceles, la de Latacunga entre ellas, Guayaquil y Cuenca, el Ecuador solucionaría su problema carcelario. Eso, sumado a la reforma judicial, solucionaría también el régimen de rehabilitación social. El Ecuador sería un modelo de manejo carcelario a nivel internacional, según el gobierno de ese entonces. En una década de las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno los resultados son paradójicos: Hay más cárceles, más presos y continúa el hacinamiento, todo lo contrario a lo que se buscó con el llamado nuevo modelo penitenciario adoptado por la administración de Correa, afirma el portal periodístico El Enfoque. En conclusión, un proyecto fallido.
La crisis carcelaria que vivimos obedece a un conjunto de factores estructurales producto de un sistema que se encuentra corrompido desde lo más profundo. Sin duda atribuir responsabilidad absoluta a un solo chivo expiatorio, sería ingenuo de nuestra parte. Comenzando por que nos encontramos subordinados a un ordenamiento jurídico que le ha otorgado amplias facultades al poder ejecutivo bajo un modelo hiperpresidencialista, cuestión que impide el correcto funcionamiento e independencia de los demás órganos de poder.
MODELO HIPERPRESIDENCIALISTA
Nuestro modelo hiperpresidencialista representa una amenaza al sistema democrático y a la respectiva independencia de poderes, como punto de partida de la crisis institucional que impera. El gobierno actual, a partir de su plan de austeridad aplicado en el inicio de su mandato, lo ha llevado a tomar una serie de decisiones que profundizaron la crisis que ya se venía arrastrando, lo cual lo llevó a reducir parte del presupuesto del Estado en sectores que requerían prioritariamente del mismo. Tras la pandemia, el gobierno llevó a cabo un recorte de presupuesto del gasto público que erróneamente se destinó a reducir el presupuesto del COSEPE (Consejo de seguridad pública del Estado), órgano esencial para el funcionamiento del sector de seguridad.
Así mismo, el ordenamiento jurídico que rige a las fuerzas de seguridad, los limita en su accionar contra la delincuencia e incluso los castiga en caso de sobrepasarse mínimamente en el uso de ella. Producto de ello, también deriva el poco reconocimiento que se le da a las fuerzas de seguridad y la incorporación personal sin la debida experticia en el campo o siendo fácilmente corrompidos por influencias externas. Es necesario hacer énfasis en que, para que un Estado de Derecho funcione correctamente, debe contar con instituciones sólidas e independientes, incluyendo como prioridad, la inversión en el sector de seguridad, fuerzas armadas, justicia y orden público. Cabe mencionar que, sin un orden de por medio, termina imperando el caos y la violencia. Una política de austeridad jamás puede dejar de un lado la seguridad de los ciudadanos, de lo contrario, tenemos una población vulnerable y desprotegida que ha perdido la confianza en el sistema, poniendo en peligro la existencia del Estado de derecho.
NARCOTRAFICO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
El narcotráfico como un fenómeno cada vez más incontrolable por las fuerzas de seguridad, ha incrementado su presencia en los últimos años, a la par de la expansión de grupos delictivos que tienen lazos con la delincuencia organizada internacional. Los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, han operado de manera separada actuando como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras alrededor del territorio ecuatoriano. Lo que se disputaban no era cualquier cosa, en los últimos años el Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Según fuentes de antinarcóticos, más de un tercio de la cocaína en Colombia proviene de Ecuador. Los recursos que se destinan a la lucha contra el narcotráfico parecen no dar resultados eficaces, ya que entre lo que informan atrapar y el negocio que continúa expandiéndose, hay una diferencia abismal. Sin hacer mención de las influencias que estos grupos ejercen dentro de las instituciones.
LOGISTICA Y HACINAMIENTO
El sistema penitenciario carece de logística, armamento, personal, planificación efectiva, como resultado de ese enfoque incorrecto en recortar presupuesto para este sector. Las condiciones en las que viven los privados de libertad no son las mas óptimas ni las que consagra la ley. De igual forma, pasan gran parte del tiempo desocupados y enfocados en sus propias “actividades” que no garantizan rehabilitación alguna.
El aumento del narcotráfico se ha traducido en incremento de la población carcelaria en el Ecuador, cuya capacidad de supervisión no es proporcional a la población que entra. El SNAI[1] especifica que el déficit del personal encargado de garantizar la seguridad en las prisiones es del 70%. Esto explica también la falta de control dentro de los centros que permiten que las bandas operen desde ahí. Adicional a que muchos de estos grupos “negocian” con la justicia, agentes y funcionarios públicos, y excepcional caso en el que cumplen parte considerable de sus penas impuestas por la justicia. Por ende, así se reduzcan o aumenten las penas previstas por la ley, la justicia no las hace cumplir integralmente.
Los niveles de hacinamiento, prohibidos por la propia legislación penal, incrementan por el aumento delincuencial y dificultan cada vez más la gestión dentro de los centros. Según registros, la capacidad carcelaria del Ecuador es de 28.500 personas. Actualmente se registran aproximadamente 40.000 reos, lo cual supera notoriamente su capacidad. El número de reos incrementa por distintos delitos, mientras la cantidad de agentes baja, siendo cada vez más desproporcionada. El haber internado en los centros de “máxima seguridad” a miembros de bandas rivales, contribuyó a que el conflicto se intensificara y tomen lugar los enfrentamientos sangrientos.
CORRUPCION EN TODOS LOS NIVELES
Pero los factores logísticos solo son una parte del problema. La corrupción dentro de las cárceles invade todos los niveles, desde guías penitenciarios hasta directores de los centros. En el 2020, tres directores de cárceles han sido procesados. La directora de la cárcel de Jipijapa, con un master en estudios de terrorismo, está acusada por recibir dinero para tramitar beneficios. En Guayaquil, el director de la Penitenciaría enfrenta tres investigaciones, una por la prelibertad del líder de los Choneros. En la cárcel de El Rodeo, un director presentaba información falsa de los detenidos, según reporta el portal de periodismo Plan V[2]. Y así, múltiples casos que siguen saliendo a la luz y revelan la realidad en el interior de nuestras instituciones ,y sus vínculos con el Narcotráfico y la delincuencia organizada.
Sin embargo, estos antecedentes no son recientes. Desde el gobierno anterior, ya se conocía de negociaciones con grupos de poder dedicados a actividades subversivas y en torno a esto, se comenzaron a tomar una serie de medidas que partieron de esos intereses. Una de las más comunes y cuyo impacto fue notablemente negativo para los entornos urbanos, fue la incorporación de la tabla de consumo, contribuyendo al aumento del microtráfico e impidiendo a los agentes de control llevar a cabo acciones para erradicar la problemática.
UN SISTEMA JUDICIAL EN DECADENCIA
Pese a que en la última década el sistema de justicia mejoró en muchos ámbitos como infraestructura, concursos de jueces, celeridad de procesos, entre otras, la crisis institucional que vive el país en todos sus niveles, es aún más profunda de lo que parece. Además del antecedente de concentración de poderes que difícilmente posibilitan transparencia e independencia en la función judicial. La “discrecionalidad” de la que gozan los jueces, es aplicada en casos que perjudican al inocente para hacer prevalecer sus propios intereses.
La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, catalogan a las personas privadas de libertad como sujetos vulnerables que gozan de una amplia gama de derechos y garantías consagradas en el ordenamiento jurídico. La finalidad rehabilitadora del reo que consagra la doctrina garantista penal, para su posterior reinserción a la sociedad, no ha surtido los efectos esperados, por distintos factores que ya han sido nombrados, tales como: La falta de recursos asignada al sector de defensa y seguridad ; Una justicia corrompida donde prevalecen los intereses de los grupos de poder y las bandas delictivas; El abuso del sistema de garantías del cual se han valido los subversivos para infringir la ley y que se les aplique ilimitadamente principios de favorabilidad; y el resultado de un tejido social roto que vive en constante disputa con la sociedad.
Si bien, el sistema de garantías sustentado en el reconocimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la doctrina penal garantista, ha sido necesario en un contexto donde se atentaba contra la integridad de los más vulnerables sin ningún tipo de limite legal, en la actualidad actúa como una cortina de humo aplicada a favor de intereses partidistas y de grupos delictivos de la región. En el cual, se ubica al delincuente en una posición de ventaja frente a la ley y se limita el poder punitivo y el campo de acción de los agentes, dejando a la ciudadanía y a las víctimas en situación de desamparo.
No obstante, como ya fue mencionado, la ley se aplica en los casos convenientes. La justicia aplica garantías ilimitadamente motivándose en intereses propios o de terceros ajenos de la justica, o por otra parte, en los casos que se deben aplicar las herramientas legales necesarias para demostrar la inocencia de un sujeto e impedir que caiga en manos de la injusticia, la ley pasa a tomar carácter de letra muerta. Lo último es grave, ya que cuando se aplican medidas preventivas de manera injusta a alguien, se vuelve un blanco vulnerable dentro de los centros de privación y susceptible a presenciar escenarios como los últimos que se dieron.
El monopolio de las armas y uso de la fuerza ha pasado prácticamente a manos de los criminales, y esa situación se evidencia en el ingreso constante de armamento a los centros a manos de los privados de libertad y el control que los mismos ejercen en su interior, que esta de mas decir que bajo ningún concepto legal está permitido. Mismo que si se da dentro de los centros, otros deben atenerse a lo peor en las calles y sin vigilancia alguna. Esa eterna disputa entre la justicia y el uso de la fuerza para mantener el orden, frente a la alegada vulnerabilidad del individuo que atentó contra los derechos e integridad de otro ciudadano.
En el presente se percibe a grandes rasgos el malestar y la desconfianza de la ciudadanía. Observar la realidad dentro de los centros penitenciarios nos lleva a cuestionar el fin de rehabilitación. La masacre ocurrida el 23 de febrero llegó a tal magnitud que trascendió todo límite de sensatez humana y respeto por la dignidad. Lo cual nos lleva a realizarnos la pregunta: ¿Existirá posible rehabilitación para individuos que han trascendido esos límites sin ser capaces de sentir remordimiento alguno, o el sistema definitivamente no es el adecuado y urge en ser integralmente reformado? Evidentemente, existe un tejido social roto producto de una serie de condiciones sociales, falta de educacion, falta de acceso a oportunidades, y de una sociedad donde incluso los que se encuentran en las cúpulas del poder, han demostrado estar corrompidos. Recalcando que, difícilmente podemos hablar de reconstruir un tejido, cuando quienes suponen encabezar dicha tarea, carecen de virtud necesaria para liderar cambios que se dan desde arriba hacia abajo. El sistema penal hoy más que nunca es puesto en tela de duda y su eficacia en cuanto a la rehabilitación del antisocial, y más aún, en su deber de garantizar la seguridad a sus ciudadanos que hoy en día son quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
CONCLUSION
Si hay algo que nos enseñan desde que iniciamos la carrera de derecho, es que no todo lo legal es justo ni todo lo justo es legal, menos en un sistema que ha adoptado un modelo enteramente positivista, donde los intereses de quienes las crean quedan fácilmente plasmados en ellas. Voltaire decía: “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”. Donde se nos olvida que la ley es solo una parte minúscula de lo que conforma este gran universo de derecho, y la política es solo un medio para llevarlo a cabo, más no es la ley el medio para llevar a cabo intereses partidistas. Fueron esos mismos intereses los que propiciaron la intromisión de influencias externas y perversas, legitimado ingenuamente por quienes les otorgamos ese poder mediante un voto democrático. De igual forma, el fin por el cual existe el derecho, es la búsqueda de la justicia, y aunque no todo lo legal sea justo, nuestro compromiso siempre debe ser llegar a ella. Para ello es necesario cuestionar y combatir el sistema bajo el que tanto tiempo hemos estado subordinados en la búsqueda de una justicia inexistente. Es tiempo de que los políticos se limiten a hacer política y aparten sus intereses de la administración de funciones, subordinada a un modelo de centralización que solo ha reforzado el poder político dentro de las instituciones del Estado.
Los sucesos de violencia dejaron en evidencia la realidad que vive el país tanto dentro como fuera de las calles. Los centros no son más que un reflejo de las mismas calles y una realidad que no percibimos porque vivimos en un país donde cada día surge algo que capta la atención mediática y nos mantiene en un estado de alerta constante. El Estado ha fallado en uno de sus deberes fundamentales. Tener que presenciar escenarios tan macabros como lo sucedido, nos lleva a cuestionar el sistema de rehabilitación del que se habla en individuos que han trascendido todo límite de sensatez humana y que no sienten respeto absoluto por los derechos e integridad del prójimo.
La crisis actual es un llamado impetuoso a exigir que el sistema carcelario y sobretodo las instituciones, sean reformadas desde lo más profundo. Hoy más que nunca debemos cuestionar el papel del Estado, que cuando se trata de temas burocráticos y libertades económicas, es el primero en interponer la mayor cantidad de trabas posibles, pero cuando se trata de nuestra integridad y seguridad, se rompe el relato del Estado presente que tanto enfatiza nuestra legislación. Si queremos considerar ese cambio, debemos tener en cuenta que las decisiones tibias no caben más en un contexto en crisis y en sistema como el nuestro. El imperio deber ser el de la ley y no el del caos y anarquía, que se ha alimentado de un sistema frágil y corrompido durante tanto tiempo.