Aprovechando los sucesos que se han venido dando en la actualidad, traigo a su atención un problema nacional que carcome la estabilidad económica y política del Ecuador; pero quisiera enfocar éste conflicto desde una perspectiva diferente: es la amenaza a la paz social que produce la corrupción impune en el país.
Independiente del perjuicio económico que causa la corrupción rampante, y sus repercusiones en la inestabilidad política e institucional, pretendo mediante éste espacio, resaltar las secuelas sociales que dejan en la población éstos actos cuando la ciudadanía no observa una lucha frontal y directa para combatirla a rajatabla.
Delitos económicos sin castigo crean una percepción de abandono y quemeimportismo. Así, como los hijos aprenden de los ejemplos de sus padres, la sociedad percibe y juzga la actuación de sus autoridades. La impunidad en el desfalco de las arcas públicas, de los dineros del país, de nuestros impuestos, de nuestro patrimonio, implanta en la ciudadanía un sentimiento de indignación que reclama justicia inmediata. Pero si esa justicia no llega, la población, decepcionada, se cuestiona si vale la pena ser honrado, cuando otros, sin escrúpulos, ni moral, toman ventaja de la vía fácil y expedita.
Así, el enriquecimiento ilícito e injustificado, juntos a otros delitos de la misma índole, abren las puertas para mayores actos deshonestos, cuando éstos permanecen aún sin condena. Lentamente, la sociedad va degenerándose en un círculo vicioso de corrupción, impunidad y más corrupción. ¡Esto tiene que terminar! La sociedad ecuatoriana exige para la salud moral y espiritual de los habitantes, un cambio radical en el manejo de sus instituciones, judiciales y educativas, que permitan asegurar que cada corrupto se encontrará con su castigo correspondiente, y creando procedentes que disuadan a otros. Para conseguir aquello, se requiere de un sistema judicial verdaderamente independiente. Necesitamos fiscales que investiguen y acusen, sin temor ni favor; exigimos jueces imparciales y objetivos, preparados y valientes, que impongan la justicia acorde con el célebre enunciado del Derecho Romano: Iustitia est perpetua et constans voluntas suum quique tribuendi, “Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”.
Por otro lado, el esfuerzo debe dirigirse hacia la educación desde temprana edad, en diferentes valores; tales como la honestidad, la solidaridad, la honradez, el civismo y el patriotismo, entro otros de suma importancia que jamás deben ser olvidados. Es mediante una educación adecuada y correcta que se forja a una persona de bien que, a futuro, será un buen ciudadano; un abogado que defienda causas justas por convicción propia, y que no se deje llevar por el beneficio económico, un funcionario público que administre correctamente los fondos del estado, un político que vele verdaderamente por los intereses del país, en función de un pueblo que sienta que sus derechos están protegidos, y sus dineros bien invertidos.
Si queremos evitar leer constantemente en los titulares de las noticias nacionales sobre nuevos casos de políticos y ex-funcionarios prófugos de la justicia, de repartos de hospitales, de alcaldes que se rehúsan a dimitir de sus cargos en administraciones pésimas, entre otros. La mejor solución ante éste grave problema de la corrupción, definitivamente, es la educación. Para finalizar éste espacio, me remito a una frase animosa y esperanzadora del muy sabio Pitágoras: “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres”.